El poder que nadie cuestiona: cuando la manutención se vuelve herramienta de control.
Testimonio de un padre que pide debido proceso y un vínculo sano con su hija.
No escribo esto para evadir mis responsabilidades. Las asumo y las seguiré asumiendo. Escribo porque hay algo profundamente injusto en cómo, a veces, el sistema otorga a un adulto —generalmente a la madre— un poder desmedido que termina usándose para presionar, injuriar y maltratar al otro progenitor, aun cuando ese padre está presente, ama y sostiene a su hija con todo lo que tiene.
Mi historia está documentada: mensajes, audios, capturas de pantalla, comprobantes de envío de dinero, registros de llamadas, videos y fotos. No pido fe; pido que se mire la evidencia y que se respete el debido proceso.
La notificación que me cambió la vida
El día que recibí la notificación judicial, entendí lo que significa que el sistema te etiquete sin escucharte. A partir de lo que declaró la madre de mi hija, me pintaron como un “empresario profesional” que gana alrededor de US$2.700 al mes. Con esa base, se reclamó una cuota cercana a US$810, y finalmente el juzgado fijó unos US$324 mensuales, más US$50 por comisiones bancarias cada vez que hago una transferencia internacional.
Todo eso, sin una investigación socioeconómica real, sin escuchar mis descargos en forma efectiva y sin un debido proceso que garantizara mi derecho de defensa. Y con la espada encima: si en tres meses no logro cubrir todo, me denuncian. Qué clase de justicia es la que presume capacidad económica sin pruebas sólidas y aprieta el vínculo entre padre e hija como si fuera un tornillo?
La estrategia del monto inflado
Quien ha transitado esto lo sabe: se pide un monto exagerado para que luego “lo bajen” y el resultado parezca razonable. Pero sigue siendo arbitrario si se sostiene en una fotografía inventada de mi situación. En mi caso, jamás hubo empresa activa en los últimos años, ni ingresos fijos de ese nivel. Trabajo todos los días, me muevo, produzco, emprendo; envío lo que puedo, y no bajo los brazos. Aun así, me exigen “lo que no existe” en mi cuenta, y eso, además de injusto, es inviable.
El poder fuera del expediente
El problema no es solo el número. Es el poder extra-jurídico que esa cuota —y todo el proceso— pone en manos de quien está dispuesta a usarlo para controlar y castigar. En mi caso, ese poder se traduce en interferencias constantes en el vínculo con mi hija:
-Llamadas que no se atienden cuando marco al celular de la madre;
-Mensajes “visto” sin respuesta;
-El celular de mi hija apagado por días enteros;
-Fotos de mi hija descalza y videos donde llora por un libro mientras se le dice que “tu Papá no envió el dinero”;
-Desacreditación permanente hacia mí (“parásito”, “vives en las nubes”), para erosionar mi imagen.
Todo eso hiere. No solo a mí: hiere a mi hija, que queda en el medio de una narrativa única, la de quien administra el acceso al contacto con su padre.
Lo que parece “pequeño” y no lo es
He realizado siete viajes para estar con mi hija. Siete. Son horas, ahorros, prestamos, trabajo y corazón. Para algunos, “no alcanza”; para mí, es todo lo que tengo y un poco más. Pero ese esfuerzo no vale cuando el relato está decidido de antemano: el padre es culpable, ausente, irresponsable. “Si no pagas esto, no hablas; si no envías aquello, no ves.” Esa es la violencia silenciosa que se esconde detrás de ciertos expedientes: la administración del afecto como castigo.
Sin nombres, sin países, con principios
No nombro países ni personas. Hablo de prácticas que se repiten:
-Fijar cuotas sin peritajes serios ni contraste de pruebas;
-Aceptar afirmaciones no verificadas como si fueran hechos;
-Tiempo procesal insuficiente para que el otro progenitor se defienda;
-Premiar a quien obstaculiza el vínculo, porque “si no paga, no ve”.
Pido algo básico: debido proceso, proporcionalidad y protección del vínculo. Que se exija prueba real de ingresos. Que se audite cómo se usa el dinero. Que se sancione la interferencia en la comunicación entre hijos y padres. Que no se olvide que la manutención no compra amor, y que el contacto regular y sano con ambos padres es un derecho de un niño, no un premio ni un castigo.
Lo que tengo, lo que muestro
No son palabras al viento. Conservo:
-Registros de intentos de llamada al número de la madre;
-Capturas de mensajes sin responder;
-Comprobantes de transferencias y giros;
-Videos y fotos que muestran cómo se utiliza el relato para poner a mi hija contra mí.
Todo esto está ordenado y disponible. No para exponer a nadie, sino para defender a mi hija y a su derecho a tener un padre presente.
Lo que pido (y seguiré pidiendo)
-Debido proceso real y derecho de defensa efectivo antes de fijar cualquier obligación.
-Evaluación socioeconómica objetiva y actualizada; cuotas proporcionales a la realidad, no a un relato.
-Garantías de comunicación regular y sin obstáculos entre padre e hija.
-Cero tolerancia a la manipulación y a la interferencia en el vínculo.
-Transparencia sobre el uso de los fondos: que el dinero sea —como debe— para el bienestar de la niña.
Cierro con una verdad simple
No hay sentencia que me haga amar menos a mi hija. No hay etiqueta que pueda borrar los siete viajes, los días de trabajo, los giros, las noches sin dormir. Lo que sí puede —y debe— cambiar es un sistema que confunde dinero con paternidad y que, cuando falla, arma a uno para destruir al otro a costa de lo más valioso: la infancia.
Seguiré trabajando, aportando dentro de mis posibilidades reales actuales y presentando cada prueba. Pero también seguiré diciendo —claro y en voz alta— que sin debido proceso no hay justicia, y que sin vínculo no hay infancia sana.
Nota: Las cifras en dólares son aproximadas y se mencionan únicamente para ilustrar la desproporción entre lo declarado y mi realidad económica. Toda la evidencia mencionada existe y está organizada.
